La vinculatoriedad del precedente administrativo

A propósito de un artículo publicado por el iuspublicista Manuel Fermín Cabral en fecha 25 de marzo de 2020, en el periódico digital Acento titulado “Precedente administrativo, costumbre y prácticas administrativas”, en el cual realiza una distinción de las figuras jurídicas antes mencionadas, y a la vez, hace un llamado a los estudiosos del Derecho Público a reflexionar sobre la aplicación de la figura del precedente administrativo en las decisiones de la Administración Pública, me he motivado a publicar un artículo sobre el fundamento jurídico del precedente administrativo y, exponer en cuáles escenarios sería posible que los administrados invoquen el mismo para sustentar sus pretensiones.

En ese sentido, José Esteve Pardo, ha señalado que: “el precedente administrativo puede entenderse constituido con la constatación de que la Administración ha actuado o resuelto de un mismo modo en situaciones idénticas o similares[1]. Por tanto, el precedente administrativo implica que, ante situaciones de hecho idénticas o muy similares, la Administración Pública deberá tomar las mismas decisiones. Por lo general, la figura antes citada vincula a la Administración Pública en aquellas decisiones que han sido tomadas bajo ciertas condiciones de discrecionalidad y, por ende, se requiere que sea mantenido el criterio expresado en el precedente, para preservar la coherencia y el trato igualitario de la función administrativa en sus decisiones futuras.

Al respecto, se ha sostenido que el precedente administrativo no vincula a la Administración Pública en el ejercicio de la potestad reglada, pues en esta clase de actuaciones, la misma está sujeta exclusivamente al cumplimiento de los requisitos previamente señalados por la norma[2]. Sin embargo, entendemos que el precedente administrativo vinculará a la Administración Pública en todas sus actuaciones, ya que incluso en las regladas suelen existir márgenes irreductibles de discrecionalidad -cómo son los conceptos jurídicos indeterminados- que le permiten a las instituciones tomar decisiones con cierto grado de libertad[3].

Así las cosas, es necesario señalar que, el precedente administrativo es una expresión directa del principio de igualdad de las personas ante ley que se encuentra consagrado en el artículo 39 de la Constitución de la República Dominicana y, en el artículo 3 numeral 5 de la ley 107-13, sobre los derechos de las personas en su relación con la Administración Pública. De igual forma, el precedente administrativo se encuentra fundamentado por principios como la seguridad jurídica, coherencia de la función administrativa, buena fe y la confianza legítima de las actuaciones de la Administración Pública. Es necesario pues, destacar que, dichos principios han sido establecidos de manera expresa por el legislador en el artículo 3 de la Ley 107-13 antes citada.

Asimismo, el precedente administrativo colabora en la interdicción de la arbitrariedad de la función administrativa del Estado, impidiendo actuaciones antojadizas y, alejadas de los criterios sostenidos con anterioridad por la propia administración. Lo antes expuesto no implica que la Administración no pueda variar sus precedentes, sino que todo cambio debe estar debidamente motivado como garantía de una buena administración pública. Por tanto, resulta necesario preguntarnos, ¿Podrían los administrados invocar el precedente administrativo para sustentar sus pretensiones en un proceso administrativo determinado?, ¿Tiene efectos vinculante el precedente administrativo para decisiones futuras? ¿Cuáles son los requisitos para la aplicación del mismo? y, por último, ¿Cuáles serían las limitantes para qué el precedente administrativo sea aplicado por la Administración Pública?.

Entendemos, que en virtud de los principios antes señalados, el precedente administrativo tiene un carácter vinculante para la Administración Pública en sus decisiones futuras y, en consecuencia, los administrados podrían utilizar los mismos como referentes para sustentar sus pretensiones en un proceso administrativo determinado. Para dichos fines, el administrado tiene que tomar en consideración que el precedente será vinculante si ha sido emitido por el mismo órgano apoderado del procedimiento administrativo en cuestión y, si se trata de hechos idénticos o muy similares a los alegados por el administrado en ese caso particular. Es menester precisar, que en el caso de que sea un precedente dictado por otro órgano administrativo no tendrá efectos vinculantes para la Administración Pública apoderada del proceso administrativo en cuestión, sin embargo, no dejaría de ser fuente de insumo para la toma de decisiones, máxime si se trata de un criterio generalizado de varios entes administrativos.

De igual forma, es preciso señalar las limitantes para la aplicación del precedente administrativo en las decisiones futuras de la Administración Pública. En esas atenciones, la primera limitante reconocida por la doctrina, se contrae a que el precedente administrativo para que sea vinculante requiere que no se haya dictado en violación de la ley y, la segunda es que la aplicación del precedente no puede contravenir de ninguna manera el orden público.

En definitiva, consideramos que la figura del precedente administrativo –aunque no esté establecida de manera expresa en la normativa vigente-, vincula a la Administración Pública en virtud de los principios jurídicos de trato igualitario, buena administración pública, interdicción de la arbitrariedad, seguridad jurídica y confianza legítima. La aplicación del precedente administrativo debe ser la regla en las actuaciones de la Administración Pública y, en aquellos casos donde no lo sea, es un compromiso de los administrados exigirlo.

[1] José Esteve Pardo, Lecciones de Derecho Administrativo (Madrid: Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., 2011) 94.

[2] José Ortiz Díaz, “El precedente administrativo” Revista de Administración Pública, ISSN 0034-7639, Nº 24, 1957, págs. 75-116, disponible en formato digital en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1049637

[3] Luis Diez –Picazo, “La doctrina del precedente administrativo”, Revista de administración pública, ISSN 0034-7639, Nº 98, 1982, págs. 7-46, disponible en formato digital en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2112205

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